El Sexenio Democrático en España: cambios y crisis (1868-1874)

Tipo de la tarea: Análisis

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El Sexenio Democrático (1868-1874): un gran intento de transformación política en la España del siglo XIX

Para comprender la importancia del Sexenio, conviene partir de la situación anterior. A mediados del siglo XIX, la monarquía de Isabel II mostraba signos evidentes de agotamiento. El régimen isabelino, aunque liberal en comparación con el absolutismo, funcionaba de forma muy limitada. La vida política estaba dominada por el moderantismo, por el protagonismo constante de los militares y por unas elecciones manipuladas en las que amplios sectores de la población quedaban excluidos. El poder no se decidía realmente en las urnas, sino mediante redes de influencia, favoritismos y pronunciamientos. En los manuales de Historia de España de Bachillerato se insiste con razón en esta idea: el sistema no lograba canalizar la oposición ni ofrecer una participación auténtica.

El desprestigio de Isabel II no se debió solo a su figura personal, que fue duramente criticada por sus enemigos, sino al modo en que la Corona aparecía vinculada a camarillas cortesanas, a la corrupción y a un funcionamiento político poco representativo. Los progresistas, marginados con frecuencia del poder, terminaron por considerar imposible la reforma desde dentro. A ellos se sumaban demócratas, sectores de la Unión Liberal desencantados y grupos populares urbanos que veían cómo sus problemas materiales seguían sin resolverse. Por eso, la revolución de 1868 no puede entenderse como un simple cambio de gobierno impulsado desde arriba: fue la respuesta a una crisis política profunda.

A esta crisis institucional se añadió una situación económica y social muy difícil. La crisis financiera internacional de 1866 afectó duramente al crédito y a la actividad económica. La quiebra de empresas ferroviarias, el mal funcionamiento del sistema financiero y la pérdida de confianza agravaron el malestar. Además, en 1868 se produjo una crisis de subsistencias, con carestía de los productos básicos, subida de precios y empeoramiento de las condiciones de vida de las clases populares. Artesanos, jornaleros y trabajadores urbanos sufrían de manera directa el paro, la precariedad y la incertidumbre. En una España todavía muy dependiente de la agricultura, el hambre y la escasez tenían consecuencias políticas inmediatas. Cuando un régimen ya desacreditado parece incapaz de garantizar ni el orden justo ni la supervivencia cotidiana, la protesta se hace mucho más peligrosa.

En ese contexto estalló la revolución de septiembre de 1868, conocida como la Gloriosa. La sublevación militar iniciada por almirantes y generales contrarios al régimen se transformó rápidamente en un movimiento político de gran alcance. La coalición revolucionaria era amplia: progresistas, demócratas, unionistas descontentos y una parte significativa del ejército compartían un objetivo mínimo, el destronamiento de Isabel II. La batalla de Alcolea resultó decisiva, porque la derrota de las fuerzas leales dejó a la monarquía sin posibilidad real de resistencia. Isabel II marchó al exilio y con ello se abrió un vacío de poder que ya no podía resolverse según los mecanismos tradicionales.

Lo verdaderamente novedoso fue la aparición de juntas revolucionarias en muchas ciudades. Estas juntas expresaban una participación política más amplia de la sociedad y defendían reformas profundas: sufragio universal, libertades públicas, reconocimiento de la nación como fuente de soberanía. En cierto modo, el protagonismo de las juntas recordaba que la política ya no podía ser un asunto exclusivo de palacio, del ejército o de una minoría censitaria. La nación, aunque de forma todavía imperfecta, comenzaba a presentarse como sujeto activo. Este fue uno de los grandes legados del Sexenio: la idea de que el poder debía justificarse en la voluntad nacional y no solo en la continuidad dinástica.

Tras la revolución se formó un Gobierno Provisional, presidido por Serrano y con Prim como figura clave. Su tarea era enormemente compleja: había que conservar el impulso revolucionario, pero sin permitir que el proceso derivara en una descomposición total del orden. Por eso, una de sus primeras decisiones fue disolver las juntas y centralizar la autoridad. Esto muestra bien la contradicción interna de todo el Sexenio: se quería democratizar el sistema, pero al mismo tiempo contener a los sectores más radicales. El Gobierno Provisional debía legitimar el nuevo poder mediante elecciones a Cortes constituyentes y, además, preparar una fórmula de Estado estable.

La convocatoria de elecciones por sufragio universal masculino fue una novedad histórica de primer orden. Aunque hoy pueda parecer insuficiente por excluir a las mujeres, en el contexto del siglo XIX supuso una ampliación radical de la participación política. Las Cortes elegidas reflejaron una gran pluralidad: progresistas monárquicos, unionistas, demócratas, republicanos federales, carlistas, e incluso representantes vinculados al isabelinismo. Esa diversidad era una prueba del ensanchamiento político, pero también anunciaba futuros problemas, porque ninguna fuerza disponía de una hegemonía clara.

El fruto principal de estas Cortes fue la Constitución de 1869, uno de los textos fundamentales del constitucionalismo español. Frente al liberalismo restringido de etapas anteriores, esta constitución afirmaba con claridad la soberanía nacional. El poder no residía en el monarca, sino en la nación representada en Cortes. Además, reconocía una amplia declaración de derechos: libertad de imprenta, de reunión, de asociación, seguridad individual y otras garantías propias de un régimen liberal avanzado. También introducía una importante apertura en materia religiosa, pues, aunque el Estado seguía sosteniendo el culto católico, se admitía la libertad de cultos, cuestión delicadísima en una sociedad mayoritariamente católica y muy marcada por el peso histórico de la Iglesia.

La Constitución mantenía, no obstante, la forma monárquica. Aquí aparece uno de los grandes dilemas del periodo: muchos diputados querían un sistema verdaderamente democrático, pero no estaban preparados, o no se atrevían, a romper del todo con la tradición monárquica. Se buscó así una solución intermedia: una monarquía constitucional sometida a la ley, con un Parlamento fuerte y con una base representativa más amplia. Jurídicamente, era un proyecto ambicioso. Su problema no fue la falta de calidad doctrinal, sino la dificultad para encarnarlo en una sociedad dividida y en un sistema de partidos todavía poco sólido.

La elección de un rey para esta nueva monarquía democrática fue uno de los episodios más reveladores del Sexenio. Finalmente se escogió a Amadeo de Saboya, un príncipe italiano ajeno a las disputas dinásticas españolas. La elección pretendía ofrecer neutralidad, renovación y prestigio liberal. Pero el proyecto nació herido: Prim, principal valedor de Amadeo y el dirigente con mayor capacidad para sostener el nuevo régimen, murió asesinado en 1870, precisamente cuando el rey estaba a punto de llegar a España. Sin Prim, Amadeo I perdió a su apoyo más importante antes incluso de empezar a reinar.

El reinado de Amadeo I fue breve y difícil. No contó con la confianza de los monárquicos tradicionales, que lo consideraban un extranjero sin raíces en el país. Los republicanos lo rechazaban por principio, porque aspiraban a la eliminación de la monarquía. Los carlistas defendían otra legitimidad dinástica y combatían activamente el nuevo orden. Tampoco parte del ejército ni muchas élites políticas le ofrecieron una lealtad consistente. En estas condiciones, Amadeo intentó reinar en medio de gobiernos frágiles, conflictos parlamentarios y una creciente tensión social. Su fracaso demuestra hasta qué punto una fórmula institucional, por razonable que parezca en teoría, necesita apoyos políticos reales y una base social suficiente.

Cuando Amadeo abdicó en febrero de 1873, las Cortes proclamaron la Primera República. Para muchos sectores democráticos y populares, aquella decisión representaba la posibilidad de culminar por fin la revolución iniciada en 1868. Sin embargo, la República nació rodeada de dificultades enormes. En primer lugar, los propios republicanos estaban divididos. No defendían todos el mismo modelo. Había republicanos federales, partidarios de una amplia descentralización territorial, y otros más inclinados a fórmulas unitarias o más moderadas. La falta de unidad ideológica y estratégica debilitó desde el inicio al nuevo régimen.

A ello se sumó la inestabilidad gubernamental. La rapidez con que se sucedieron las presidencias —Figueras, Pi y Margall, Salmerón, Castelar— refleja la imposibilidad de consolidar una línea política clara. Pi y Margall representa, quizá como pocos, la dimensión intelectual del republicanismo español, muy influido por ideas federalistas y por la aspiración a una organización territorial más participativa. Pero entre el ideal y la realidad medió un abismo. El proyecto federal fue interpretado de maneras muy distintas, y algunos sectores lo llevaron hacia posiciones insurreccionales.

De ahí surgió el cantonalismo, uno de los fenómenos más significativos y más problemáticos del Sexenio. El cantonalismo defendía que determinadas ciudades o territorios se constituyeran en cantones autónomos con un altísimo grado de autogobierno. No era exactamente lo mismo que el federalismo pensado desde unas Cortes constituyentes; más bien expresaba la impaciencia de grupos radicales que desconfiaban del poder central y querían realizar la revolución desde abajo, de manera inmediata. El caso de Cartagena es el ejemplo más conocido, y suele aparecer en cualquier explicación escolar del periodo por su enorme simbolismo. El problema fue que el cantonalismo, más que fortalecer a la República, la descompuso. El Estado perdió capacidad de control, se multiplicaron los focos de rebelión y la imagen de desorden se extendió por todo el país.

Además, la República y antes la monarquía de Amadeo tuvieron que gobernar en guerra. La Tercera Guerra Carlista, iniciada en 1872, activó de nuevo una alternativa tradicionalista, antiliberal y dinástica, especialmente fuerte en el País Vasco, Navarra, Cataluña y algunas zonas del Maestrazgo. No se trataba solo de una cuestión de trono, sino también de una defensa de valores políticos y religiosos opuestos al liberalismo democrático. Al mismo tiempo, continuaba la Guerra de Cuba, iniciada en 1868 con el Grito de Yara, que abrió un conflicto colonial largo, costoso y muy desgastante para el Estado español. Sostener una reforma política profunda mientras se combate una guerra carlista y una guerra colonial era una carga inmensa para cualquier régimen, y más aún para uno tan nuevo y dividido.

El final del Sexenio se explica por la acumulación de todos estos factores. Los gobiernos eran débiles, las divisiones ideológicas constantes, los recursos del Estado insuficientes y el cansancio social cada vez mayor. Para una parte creciente de la población, el periodo empezó a asociarse no con libertad y esperanza, sino con inestabilidad, violencia y carestía. En enero de 1874, el golpe del general Pavía interrumpió la experiencia republicana parlamentaria. Aunque formalmente siguió existiendo una república bajo la autoridad de Serrano, el proceso democrático estaba ya agotado. Finalmente, en diciembre de 1874, el pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto restauró la monarquía borbónica en la figura de Alfonso XII.

La Restauración, organizada intelectualmente por Antonio Cánovas del Castillo, ofrecía precisamente lo que el Sexenio no había podido asegurar: estabilidad, orden y una monarquía más previsible. Eso no significa que el nuevo sistema fuese plenamente democrático. De hecho, el turnismo y el caciquismo limitaron mucho la autenticidad de la representación política. Pero la comparación con los años anteriores favoreció su aceptación entre amplios sectores de las clases dirigentes y de una sociedad agotada por la convulsión.

Con todo, sería injusto considerar el Sexenio Democrático solo como un fracaso. Lo fue, sin duda, en términos de consolidación institucional: no logró mantener en pie una democracia estable ni una monarquía constitucional duradera ni una república viable. Pero también fue un laboratorio político de enorme importancia. Introdujo el sufragio universal masculino, ensanchó el debate sobre los derechos individuales, planteó seriamente la cuestión de la libertad religiosa, abrió la discusión entre monarquía y república, e incorporó a sectores más amplios de la población a la vida política. Muchas de las preguntas que se formularon entonces seguirían presentes en la historia de España durante décadas: cómo articular la soberanía nacional, cómo integrar la diversidad territorial, cómo relacionar orden y libertad, cómo convertir a la ciudadanía en protagonista efectiva de la política.

En definitiva, el Sexenio Democrático fue una etapa breve, intensa y decisiva. Nació del hundimiento del sistema isabelino, intentó construir una España más libre y representativa, y terminó cediendo ante la guerra, la división y la debilidad institucional. Su enseñanza principal es muy clara: las leyes avanzadas y las constituciones innovadoras son indispensables, pero no bastan por sí solas. Para que un régimen democrático se consolide hacen falta también consensos básicos, estabilidad económica, lealtad institucional y una base social capaz de sostenerlo. Por eso el Sexenio fracasó en su tiempo, aunque dejó sembradas ideas que la historia española volvería a recoger más adelante.