El Ayuntamiento de Barcelona aprueba una ordenanza municipal sobre las reclamaciones por responsabilidad patrimonial considerada contraria a Derecho por Montserrat

Este trabajo ha sido verificado por nuestro tutor: 21.01.2026 a las 10:26

Tipo de la tarea: Análisis

Añadido: 16.01.2026 a las 12:39

La cuestión planteada en el enunciado se centra en la impugnación de una ordenanza municipal aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona, considerada por Montserrat como contraria a Derecho. Para abordar este tema de manera adecuada, es fundamental entender el marco legal español respecto a las competencias jurisdiccionales y la vía adecuada para impugnar este tipo de normativas.

Las ordenanzas municipales son normas jurídicas de carácter reglamentario dictadas por las entidades locales, en este caso, por el Ayuntamiento de Barcelona, dentro del ámbito de sus competencias. Este tipo de normativas se integran dentro del ordenamiento jurídico con el propósito de regular asuntos de interés local, siempre supeditadas a las leyes estatales y autonómicas.

Cuando una ordenanza es percibida como contraria a Derecho, el procedimiento para impugnarla se sustenta en la legislación contencioso-administrativa. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las impugnaciones de actos y disposiciones de las entidades locales tienen un camino claramente delineado.

Para determinar cuál es la instancia jurisdiccional competente, primero se debe considerar que la impugnación de una disposición con carácter general, como una ordenanza municipal, recae generalmente sobre los tribunales de lo contencioso-administrativo. No obstante, es esencial discernir entre los diferentes niveles de este orden jurisdiccional.

1. Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Barcelona: Según la mencionada Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo en general tienen la competencia para conocer en primera instancia ciertos recursos contra los actos de las Administraciones públicas, específicamente en temas individuales o de índole particular. Sin embargo, cuando la impugnación se refiere a una disposición de carácter general como una ordenanza, la competencia excede el ámbito del juzgado individual.

2. Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: En este caso, esta instancia es la adecuada para conocer de la impugnación directa de las ordenanzas municipales. Según el artículo 10 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia tienen la competencia para conocer de las disposiciones de carácter general de las entidades locales de su ámbito territorial. Por lo tanto, en este caso en particular, sería la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la encargada de tratar la impugnación de la ordenanza dictada por el Ayuntamiento de Barcelona.

3. Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo: Esta instancia, en cambio, se encarga de cuestiones contencioso-administrativas más específicas, generalmente supervisando las decisiones de los Tribunales Superiores de Justicia, y asume competencias en casos extraordinarios o revisión de decisiones según lo estipulado en la Ley.

4. Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Provincial de Barcelona: Esta instancia no tiene competencias en asuntos de ordenanzas municipales, puesto que las Audiencias Provinciales no tienen, por regla general, competencias contencioso-administrativas en España. Por lo tanto, queda descartada desde un principio.

Con base en lo anteriormente expuesto, la impugnación directa de una ordenanza municipal dictada por el Ayuntamiento de Barcelona corre a cargo de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este tribunal tiene la misión de evaluar la legalidad de las normas municipales en el territorio de Cataluña, analizando si estas disposiciones respetan el marco legal superior, incluidos los principios establecidos en la Constitución Española y en las leyes estatales y autonómicas pertinentes.

En conclusión, para Montserrat, el camino adecuado para impugnar directamente la ordenanza en cuestión sería acudir a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este recurso debe fundamentarse debidamente en argumentos que evidencien la contrariedad de la ordenanza al Derecho, conforme a las reglas de competencia jurisdiccional establecidas en el ordenamiento jurídico español.