¿La severidad de la pena tiene un mayor efecto disuasorio que la certeza de su imposición?

Este trabajo ha sido verificado por nuestro tutor: 21.01.2026 a las 15:56

Tipo de la tarea: Texto argumentativo

Añadido: 17.01.2026 a las 15:54

La frase propuesta para esta reflexión suscita un debate fundamental en el ámbito del derecho penal, referido al impacto de la severidad de las penas versus el efecto de la certeza de su aplicación. Para abordar esta cuestión de manera efectiva, es vital explorar varios aspectos teóricos y prácticos relacionados con el ámbito legal y criminológico, así como revisar las discusiones académicas y evidencias empíricas sobre el asunto.

En primer lugar, consideremos el enfoque clásico del derecho penal, especialmente a partir de las teorías de pensadores como Cesare Beccaria y Jeremy Bentham. Beccaria, en su influyente obra "De los delitos y de las penas", argumenta que el objetivo principal del castigo no es tanto la retribución sino la disuasión. Desde esta perspectiva, se puede postular que la certeza de la pena es más efectiva que su severidad a la hora de disuadir a potenciales delincuentes. Beccaria sostenía que las penas deben ser proporcionadas, rápidas y evidentes, para evitar el crimen de manera más eficaz. La certeza y celeridad de la pena transmiten un mensaje claro sobre la inevitabilidad del castigo, lo cual amedrenta potencialmente más que castigos extremadamente severos pero incertos.

Bentham, por su parte, en su teoría del utilitarismo, también prioriza la certeza del castigo sobre su severidad, sugiriendo que un sistema de justicia más seguro y predecible minimiza el sufrimiento innecesario y alienta una coherencia moral y racional más amplia en la sociedad. La idea subyacente es que las personas operan racionalmente y evalúan las consecuencias de sus acciones; por tanto, si la probabilidad de ser castigado es alta, el individuo es más propenso a abstenerse de cometer un delito incluso ante castigos relativamente menores.

En la moderna teoría criminológica, investigaciones empíricas han respaldado estas afirmaciones. Por ejemplo, un enfoque basado en la certeza del castigo se aplica en los llamados principios de "justicia procedimental", donde se fortalecen las instituciones legales y se incrementa la capacidad de detección de delitos, elevándose así la percepción de ineludibilidad de la justicia.

Además, prácticas contemporáneas como el "enfoque de tolerancia cero" implementado en diversas ciudades del mundo buscan reforzar el principio de certeza en la aplicación de la ley, actuando sobre pequeñas infracciones para prevenir delitos mayores. Si bien este enfoque ha sido objeto de crítica por otros aspectos sociales y morales, su fundamentación descansa en que la seguridad de ser castigado, incluso por pequeñas transgresiones, actúa como una efectiva medida de disuasión.

En contraste, cuando se analiza la severidad del castigo, se encuentran diversos supuestos que justifican su implementación. La teoría del "derecho penal del enemigo" o teorías retributivas abogan por castigos severos como medio de proteger a la sociedad y proporcionar una lección ejemplarizante para disuadir conductas futuras. Sin embargo, estas teorías suelen ser más controvertidas en términos de defensa de derechos humanos.

Diversos ejemplos han demostrado que aumentar la severidad de las penas no siempre conduce a una reducción del crimen. Por ejemplo, en países con pena de muerte, no hay evidencia concluyente de que esta sanción extrema tenga un mayor efecto disuasorio que penas menos onerosas. De hecho, a veces estas medidas han generado más violencia o han afectado negativamente a los derechos humanos.

En conclusión, a partir del análisis de la literatura clásica y moderna, así como de la observación de políticas implementadas en diferentes contextos, parece más acertado afirmar que la certeza del castigo es generalmente más efectiva que su severidad para disuadir el crimen. La incertidumbre en la aplicación de la pena puede debilitar cualquier potencial disuasorio que la misma penología severa podría tener. Esta afirmación, apoyada tanto por la teoría como por evidencia empírica, invita a los legisladores y gestores del sistema penal a considerar enfoques que prioricen la certeza, transparencia y proporcionalidad en la aplicación de la ley, para lograr una sociedad más justa y segura.