Cuando se solicita un Arraigo Familiar para ascendientes menores de 65 años o descendientes mayores de 21 años: Una reflexión sobre la exigencia de documentos no requeridos para acreditar la situación de vivir a cargo según el art. 124.3.b)

Este trabajo ha sido verificado por nuestro tutor: 2.12.2024 o 15:40

Tipo de la tarea: Texto argumentativo

Añadido: 27.11.2024 o 12:54

El tema del arraigo familiar en el marco del derecho español aborda aspectos de particular interés para los estudiantes de Derecho y aquellos involucrados en estudios interdisciplinares sobre migración y políticas sociales. Específicamente, el artículo 124.3.b) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 4/200, modificado por el Real Decreto 557/2011, establece criterios para la obtención de residencia por arraigo familiar, contemplando la situación de ser “están a cargo” como requisito indispensable. La interpretación y aplicación de este requisito han suscitado debates significativos, especialmente en comparación con el concepto de “vivir a cargo” recogido en el Real Decreto 240/2007, que incorpora la Directiva 2004/38/CE al ordenamiento español.

El principio de “estar a cargo” en el contexto del arraigo familiar, en términos legales, describe una dependencia económica de ascendientes o descendientes hacia el ciudadano español, pero no necesariamente implica la convivencia bajo un mismo techo. Esto se diferencia del concepto de “vivir a cargo” en vigor en el Real Decreto 240/2007 sobre la entrada, libre circulación y residencia de ciudadanos de Estados miembros de la UE y sus familiares, que sí abarca dicha convivencia.

En la práctica, esta distinción ha llevado a solicitudes de documentos que no son exigibles para probar esta dependencia. Se han documentado casos donde se requirieron contratos de alquiler conjuntos u otros tipos de pruebas que verificarían una cohabitación, en lugar de solo una dependencia económica, lo que va más allá de lo estipulado por el artículo 124.3.b), creando una carga administrativa adicional para solicitantes y potencialmente desalentando legítimas solicitudes.

Este exceso en la documentación exigida se puede calificar de arbitrariedad en tanto que no existe un mandato legal que requiera tales evidencias. La exigencia de estos documentos obvia el principio de proporcionalidad, un pilar importante en el derecho administrativo. Este principio estipula que las medidas adoptadas por cualquier autoridad pública deben ser necesarias y proporcionales a los fines que se persiguen, un aspecto que se puede considerar violado cada vez que se piden pruebas no estipuladas por ley.

Las consecuencias de esta interpretación estricta afectan el ejercicio de derechos fundamentales de las personas extranjeras en España, al retrasar o, en algunos casos, impedir la reunificación familiar. Al mismo tiempo, remitirnos al marco europeo, la directiva 2004/38/CE apunta hacia la facilitación de la movilidad y la integración de los ciudadanos de la UE y sus familias, promoviendo un enfoque más inclusivo y humanitario.

Abordar la cuestión de la justificación de la vida a cargo desde un aspecto teórico obliga a repensar el papel del Estado no sólo como regulador de flujos migratorios, sino también como facilitador de derechos. En este sentido, la academia ha propuesto introducir aclaraciones normativas o, incluso, reformas que reconcilien el concepto de “estar a cargo” con una interpretación que no sacrifique la proporcionalidad, eficiencia ni derechos humanos.

La conexión cada vez más estrecha entre procesos administrativos y jurídicos relativos a la migración en España reformula la importancia de comprender términos aparentemente técnicos. Este tipo de desajustes subraya la necesidad de la continua revisión y adaptación de las normativas nacionales y europeas, para que sean congruentes con los principios de justicia social que emanan tanto de la Constitución Española como de los tratados internacionales de derechos humanos que España ha suscrito. La educación superior debe equipar a los estudiantes con estas herramientas críticas, preparándolos no solo para interacciones técnicas, sino también para actuar como agentes de cambio en la mejora de la legislación y procedimientos administrativos, garantizando así el respeto a los derechos fundamentales.