Evolución de la monarquía borbónica y el Estado moderno en España hasta 1789

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Tipo de la tarea: Ensayo

Añadido: 15.01.2026 a las 18:05

Monarquía borbónica: las nuevas bases del Estado y su evolución hasta 1789

La llegada de la Monarquía borbónica al trono español marca un antes y un después en la historia moderna de España. A finales del siglo XVII, tras la muerte sin descendencia de Carlos II en 1700, último rey de la Casa de Austria, el país se encontraba en una profunda encrucijada tanto política como territorial. El testamento a favor de Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, supuso la ruptura del frágil equilibrio europeo y el estallido de la Guerra de Sucesión española: un conflicto que no solo decidiría el futuro de la Corona, sino también el de un inmenso imperio en decadencia.

El objetivo de este ensayo es analizar cómo la instauración de la dinastía borbónica supuso una transformación radical del modelo político y administrativo español, fomentando la centralización y sentando las bases de lo que empezaría a perfilarse como el Estado moderno. A su vez, se examinarán las reformas internas, la política exterior y la forma en que la Ilustración iluminó y limitó la evolución social, económica y cultural del país, hasta desembocar en la crisis de 1789, preludio de convulsiones más profundas.

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I. La Guerra de Sucesión Española y la instauración de los Borbones

Dos candidatos se erigieron como principales pretendientes al trono: por un lado, Felipe de Anjou, respaldado por el poder militar y diplomático de Francia; por otro, el archiduque Carlos de Austria, apoyado por Inglaterra, Holanda, Austria y Portugal. Este enfrentamiento desembocó en la Guerra de Sucesión española, un conflicto bélico que, además de afectar al continente europeo, tuvo consecuencias directas dentro de España, dividiendo al país entre austracistas (especialmente en los territorios de la antigua Corona de Aragón) y borbónicos (predominantemente en la Corona de Castilla).

La guerra finalizó en 1713 con la firma de los Tratados de Utrecht y Rastadt. Felipe V fue reconocido como rey de España, aunque renunció formalmente a sus derechos sucesorios sobre la Corona francesa para evitar la tan temida unión dinástica; aun así, España tuvo que ceder territorios estratégicos como Gibraltar y Menorca a Inglaterra, y perder posesiones en Europa (Flandes, Nápoles, Sicilia, Cerdeña). Este reequilibrio consolidó la supremacía inglesa y supuso la primera señal de que España ya no era la potencia hegemónica del continente.

La instauración de la dinastía borbónica, nacida de la guerra y los pactos internacionales, fue una oportunidad y, al mismo tiempo, la necesidad de redefinir desde sus cimientos el Estado español.

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II. Las reformas borbónicas: bases del nuevo Estado unificado

Uno de los proyectos reformistas más significativos fueron los Decretos de Nueva Planta (1707-1716), que eliminaron la autonomía y particularismos de los reinos de la Corona de Aragón (Aragón, Valencia, Cataluña, Mallorca), imponiendo las leyes, instituciones y lengua de Castilla. Con ello se suprimieron las cortes locales, la diversidad jurídica, los fueros y, progresivamente, se fueron desmontando los sistemas de gobierno separados. Solo Navarra y el País Vasco mantuvieron parte de sus fueros, por razones estratégicas. Así, la homogeneización administrativa sirvió a la Corona para reforzar el principio absolutista: “el rey reina y gobierna”, como diría posteriormente Carlos III, citando a los monarcas franceses.

En la administración central, el modelo polisinodial de los Austrias fue sustituido por Secretarías de Estado y Despacho de carácter unipersonal y especializado (Hacienda, Justicia, Indias, Estado...), semejantes a los ministerios actuales. El Consejo de Castilla se erigió como el máximo órgano consultivo, ocupando un papel central junto con las Secretarías. Por su parte, las Cortes castellanas perdieron su contenido político efectivo, quedando relegadas a actuaciones simbólicas como el juramento del príncipe heredero.

Paralelamente, la división territorial se simplificó al establecimiento de provincias gobernadas por capitanes generales, y se intentó fortalecer la autoridad local en municipios y alcaldías de barrio, con la figura del corregidor. Ellos se encargaban de funciones como el mantenimiento del orden público, la regularización de abastecimientos y la elaboración de censos y ordenanzas.

En lo social y económico, la España borbónica heredó una estructura anacrónica: predominio absoluto del campo sobre la ciudad, baja productividad agrícola por usos tradicionales y mala distribución de la propiedad (mayorazgos, manos muertas eclesiásticas), además de una nobleza y clero que mantenían sus exenciones fiscales. El pueblo llano, sin derechos políticos, soportaba el peso del esfuerzo fiscal, mientras un incipiente comercio e industria apenas podía desarrollarse frente a la competencia extranjera y el control estatal.

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III. Política exterior borbónica hasta 1789

El giro vino de la mano de José Patiño, que reorientó la política diplomática española, buscando actuar en alianzas y no en solitario. Así, los acuerdos conocidos como Pactos de Familia entre España y Francia pretendieron fortalecer e internacionalizar el poder de los Borbones: el primer pacto aseguró a Carlos, hijo de Felipe V, los ducados de Parma y Toscana, mientras que el segundo (bajo Carlos III) recuperó territorios y consolidó la presencia en el sur de Italia (Nápoles y Sicilia).

Bajo Fernando VI, el gobierno intentó mantener cierta neutralidad y priorizar la reconstrucción interna. No obstante, la amenaza constante de Inglaterra sobre América y el Mediterráneo forzó el regreso a la diplomacia de bloques. Carlos III firmó el tercer Pacto de Familia (1761), entrando en guerra contra Inglaterra en la que se perdieron y recuperaron plazas como La Habana y Manila. Se firmaron tratados comerciales y de paz con Marruecos, Túnez y Argel (ministro Floridablanca), y España apoyó discretamente la independencia de las Trece Colonias en América, recuperando después Menorca y la Florida.

La Revolución Francesa (1789) supuso un grave desafío para la política exterior española. El estallido revolucionario provocó alarma en la corte de Carlos IV, que cerró fronteras, endureció la censura y se alineó con las potencias absolutistas para frenar el contagio revolucionario. Esta actitud evidenció la tensión entre el deseo de estabilidad y el miedo a los cambios que pronto sobrevendrían.

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IV. La Ilustración en España: impacto en economía, sociedad y cultura

La Ilustración española, sin embargo, fue un fenómeno minoritario, impulsado por el alto funcionariado y el propio monarca (absolutismo ilustrado). Carlos III, verdadero “rey filósofo”, rodeado de colaboradores como Grimaldi, Esquilache, Aranda, Campomanes y Floridablanca, enfatizó la labor reformista en tres ejes: el Estado, la economía y la cultura.

El impulso cultural fue especialmente relevante. Se transformaron planes de estudio y se potenció la enseñanza práctica, científica y técnica, fundándose instituciones como la Real Academia Española, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Sociedad Económica de Amigos del País o la emblemática Academia de Artillería de Segovia. La educación fue entendida como la palanca del progreso, impulsando la renovación universitaria y la difusión del saber racionalista a través de la Biblioteca Real, los jardines botánicos, museos y gabinetes de curiosidades.

En lo social y económico, la acción ilustrada propició planes de modernización agraria (desamortización de tierras), desarrollo de la industria (reales fábricas, consulado de comercio), promoción de nuevas ciencias y técnicas (botánica, minería, hidráulica), así como innovaciones fiscales. Sin embargo, el modelo tenía límites evidentes: la ausencia de una burguesía potente, el peso de los privilegios feudales y eclesiásticos, y la descomunal desigualdad social frenaron la extensión de los ideales ilustrados.

Inspirados por Montesquieu y Rousseau, algunos ilustrados españoles como Jovellanos defendieron reformas moderadas dentro de los límites del absolutismo y el sistema estamental. Así, proyectaron la imagen de una “monarquía reformista” que mejoraba la vida del país a través del paternalismo estatal, pero nunca cuestionaba el orden tradicional de poder. La realidad, sin embargo, era un país en el que las luces y las sombras de la razón y el privilegio convivían a duras penas.

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V. El reinado de Carlos IV y el impacto de la Revolución Francesa

El gobierno de Floridablanca decretó el cierre de fronteras, la severa censura de las publicaciones y el control exhaustivo sobre las universidades para evitar cualquier propagación de ideas subversivas. Pero la sociedad española estaba ya profundamente dividida: los ilustrados defendían una moderada apertura y reformas, mientras que la mayor parte del clero y la nobleza temían cualquier tipo de cambio que pudiera alterar su posición.

La guerra estalló en 1793: España, aliada de Inglaterra y Austria, combatió contra la Francia revolucionaria en la llamada *Guerra de la Convención*, con resultados costosos. Floridablanca fue reemplazado por Godoy, que firmó la Paz de Basilea (1795), perdiendo temporalmente la parte española de La Española (Santo Domingo), y buscó luego aliarse con la propia Francia mediante el Tratado de San Ildefonso (1796), lo que arrastró a España a guerras con Inglaterra y Portugal (Guerra de las Naranjas, 1801).

En el plano interno, la crisis se agudizó: la economía agrícola sufrió malos años de cosechas, los precios subieron vertiginosamente mientras los salarios se estancaban, las finanzas estatales se vieron sobrecargadas y el comercio exterior colapsó, especialmente tras las derrotas navales ante Inglaterra.

La sociedad española, empobrecida e insatisfecha, empezaba a ser consciente de la inviabilidad de un sistema absolutista que se presentaba como ilustrado, pero que arrastraba carencias estructurales y resistencias insalvables. El final del siglo XVIII cristalizó así un período de crisis y transición que anticipaba las convulsiones del XIX.

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Conclusión

A pesar de los avances —especialmente bajo Carlos III y su generación de ministros ilustrados—, los límites de la sociedad española (ausencia de una burguesía fuerte, pervivencia del poder nobiliario y eclesiástico, desigualdades y crisis económica) impidieron una modernización plena. La Ilustración iluminó reformas y nuevos valores, pero no rompió el marco esencial del Antiguo Régimen.

El estallido de la Revolución Francesa y el reinado de Carlos IV aceleraron la crisis estructural: hacia 1789, España se encontraba en una encrucijada, con un Estado en crisis, el absolutismo ilustrado agotado y una sociedad que, aunque todavía contenida, comenzaba a demandar cambios de fondo. La monarquía borbónica, en definitiva, fue un proceso de transición incompleta, cuyos avances y limitaciones explicarían las convulsiones políticas, sociales y dinásticas del siglo XIX español, del que la Constitución de Cádiz de 1812 sería el primer ensayo de un cambio mucho más radical.

Así, el reinado borbónico hasta 1789 debe entenderse como un laboratorio de ensayo modernizador que, por sus propias contradicciones internas, anticipó la caída del Antiguo Régimen y el inicio de la España contemporánea.